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Suprema división sobre permitir transmisión del caso contra presunto asesino de Andrea Ruiz Costas

Actualizado: jul 17

A pesar de que el Alto Foro lo ha permitido en ocasiones anteriores y que los procesos criminales son públicos


Aunque los casos criminales son de acceso al público y a su prensa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó dividido sobre si deben conceder o no autorización a la prensa general activa del país para que transmita la vista preliminar y procesos posteriores en contra de Miguel Ocasio Santiago, imputado de asesinar y parcialmente quemar a Andrea Ruiz Costas.


El Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, a quienes se les ha negado seis veces el acceso a las regrabaciones de los casos en los que la mujer de 35 años figuró como declarante en contra de su presunto asesino, presentaron ayer, viernes, una moción conjunta para que la prensa general activa pueda transmitir todo el proceso criminal que el imputado enfrenta, por ser un caso de alto interés público.


"Por estar igualmente dividido los miembros de esta sala, se constituye una Sala Especial de Verano integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García, el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado señor Estrella Martínez, para atender el caso MC-2021--82", reza la orden firmada por la jueza presidenta, la cual fue notificada ayer en la noche.


¿Qué significa esta orden? Que el juez Feliberti Cintrón fue añadido a la sala de verano ya constituida con cuatro jueces, por estar estos divididos en votación 2-2. Ante este impasse, los cinco jueces determinaron solicitar la posición por escrito de la defensa y fiscalía en o antes del mediodía del lunes, 19 de julio, para luego decidir si permitirán o no transmitir el proceso criminal, el cual se reanuda ese mismo día durante la mañana.


La petición al Supremo local fue realizada al amparo del "Reglamento del Programa Experimental para el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales" (PECAM), aprobado en abril de 2013 para que la prensa general activa pueda transmitir los procedimientos criminales de este caso que han conmocionado al país, no solo por la forma en que se han manejado los sucesos que desencadenaron en el vil crimen, sino por las barreras irrazonables impuestas al derecho a la libertad de expresión, a través de la censura judicial a la discusión pública sobre lo que ocurrió dentro de las salas a las que la mujer acudió para buscar ayuda antes de ser asesinada.


Andrea Ruiz Costas fue hallada muerta y calcinada el jueves, 29 de abril de 2021. Su deceso fue clasificado como asesinato por el Instituto de Ciencias Forenses. La Policía de Puerto Rico detuvo a un sospechoso, a quien se le halló causa probable por estos hechos y se le impuso una fianza que no pudo prestar, por lo que fue ingresado a prisión.

Su abogado de defensa asignado por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) el licenciado Rubén Parrilla Rodríguez, presentó una moción dentro de dos casos previos, para obtener los audios en los que Ruiz Costas había prestado su testimonio en contra de su representado, por este presuntamente haberla acechado y perseguirla de manera constante y en diferentes instancias. Sus pedidos responden al derecho constitucional del imputado a tener toda la evidencia que posee la fiscalía, con el fin de poder preparar una defensa adecuada.

Los audios contienen las alegaciones que fueron escuchadas como parte de un caso criminal bajo Regla 6 que enfrentó Ocasio Santiago en su contra y un caso civil al amparo de la Ley 54 sobre violencia de género, en el que la mujer buscaba obtener una orden de protección provisional a su favor. Un tercer audio en relación a la continuación del proceso civil en la Sala Especializada de Violencia Doméstica también formó parte de la solicitud del defensor público.


El pedido civil inició bajo un procedimiento denominado como Ex Parte. Inicialmente, no se requiere la presencia del peticionado en esta etapa, por ser esta una provisional. De haberse expedido la orden de protección en favor de Ruiz Costas, el Tribunal hubiese ordenado el diligenciamiento de la orden a la residencia de Ocasio Santiago y le hubiese advertido las consecuencias criminales de violentarla.


Según la determinación de la jueza de la sala criminal de Caguas, Ingrid Alvarado y la jueza de la Sala Especializada de Violencia doméstica, Sonya Nieves, el imputado prevaleció en el caso penal y Ruiz Costas no pudo demostrar los elementos necesarios que la Ley 54 requiere para que proceda la expedición de una orden protectora Ex Parte. Sin embargo, la mujer desistió de su pedido para obtener una orden de protección durante la vista de continuación del caso civil por violencia doméstica.


"Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida porque no importa lo que yo haga todo depende de él, de como me está velando, de como me vigila, de que no puedo recibir visita en mi casa, de que si voy a casa de alguien me está persiguiendo para saber dónde es la casa de esa persona, que tenga mis llaves, la llave de mi carro. Que en cualquier momento, o sea, él se puede estar metiendo incluso en mi carro cuando yo estoy durmiendo por las noches y averiguando mi carro", se escuchó decir a Andrea Ruiz Costas en un mensaje de WhatsApp que envió a su amiga al concluir el caso criminal en favor de su presunto agresor y ahora imputado por su asesinato.


"Yo creo que en verdad ella (jueza Alvarado) dio no causa porque ella lo que estaba era hastiá. Tenía una careta. Ella estaba peleando con nosotros por la vídeo llamada. Así que pues nada, que sea lo que Dios quiera, en verdad. Que esto me sirva de lección", añadió la mujer en el audio que su amiga envió a la prensa.

Ambas juezas están siendo investigadas por un "Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio" creado por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, quien de acuerdo a un comunicado de prensa el pasado 21 de junio de 2021 recibió un informe preliminar con recomendaciones hechas por dicho grupo, tras estos haber escuchado los audios de los procesos anteriores a la muerte de Ruiz Costas.


"Al crear el Grupo de Trabajo, la Jueza Presidenta se comprometió con rendirle cuentas al País sobre los resultados de este informe y así será", lee el cierre del comunicado. A 17 días de esas declaraciones, reina el silencio sobre el contenido de ese informe preliminar y se desconoce si se realizó la sesión de trabajo entre el grupo y la jueza Oronoz Rodríguez, quien tampoco le ha dado cara al país sobre los hallazgos tras haber leído el reporte si es que, en efecto, lo leyó cuando se lo entregaron.


El pasado 6 de julio, la Jueza Presidenta fue galardonada con la medalla de honor Ruth Bader Ginsburg, luego de que la World Jurist Association y la World Law Foundation entendieran que la togada promueve la equidad de género en su gestión judicial. La prestigiosa distinción "reconoce a líderes mundiales y a grandes mujeres juristas que luchan por defender y fortalecer el Estado de Derecho, y por consolidar los avances de la sociedad para lograr la equidad de género", de acuerdo con otro comunicado de prensa emitido por el Poder Judicial.


Para descargar documentos haz clic:

Moción Conjunta OPC y ASPRO al Tribunal Supremo

Orden y Resolución del Tribunal Supremo - 16 de julio de 2021


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